El Gobierno ve "persecución, obsesión y desproporción" en el auto de Peinado contra Begoña Gómez
El juez Juan Carlos Peiño ha dictado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha ordenado la retirada de su pasaporte, prohibiéndole abandonar el territorio nacional. En el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 41 considera que existen indicios suficientes para someter a la primera dama a proceso por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.
Entre las medidas cautelares impuestas, el juez ha dispuesto que Begoña Gómez comparezca ante el juzgado en un plazo de quince días y ha señalado que “puede ser la propia Policía la que le ayude a fugarse”. Esta última afirmación ha sido calificada por fuentes de la Casa del Gobierno como una muestra de “persecución, obsesión y desproporción” y como una investigación carente de fundamento jurídico, motivada únicamente por intereses políticos.
Reacción del Gobierno y del PSOE
El portavoz del Gobierno ha denunciado que las decisiones del magistrado “confirman la persecución y la obsesión” contra la primera dama, y ha subrayado que la acusación contra la Policía Nacional por una supuesta complicidad en una fuga es “otro ejemplo del despropósito al que asistimos”.
Óscar Puente, ministro de Transportes, ha calificado la resolución del juez Peiño de “ignominia” y ha reiterado que la referencia a una posible ayuda policial para la fuga carece de cualquier respaldo legal y cuenta con el “consentimiento” de la Audiencia Provincial y del Consejo General del Poder Judicial.
Desde el PSOE, se ha defendido la inocencia de Begoña Gómez, señalando que “algunos han intentado construir una condena pública sin que existan pruebas que la sustenten”. El partido acusa al poder judicial de “jugar con la reputación y la vida de una persona por el simple hecho de ser la mujer del presidente”. Según el PSOE, las medidas cautelares son “desmedidas, desproporcionadas e imposibles de justificar tras dos años de investigación sin que haya aparecido prueba concluyente de delito”.
El PSOE también recuerda que, durante los últimos dos años, se ha llevado a cabo una “persecución injusta” contra Begoña Gómez, con el objetivo de destruir su reputación y utilizar su nombre como arma política contra el presidente y secretario general del partido. Aseguran que esa campaña ha causado un daño irreparable a la primera dama y ha puesto en entredicho la imagen de la justicia y la democracia en España.
El partido ha advertido que no permitirá “juicios políticos” ni “judicializaciones de la política”, y ha reiterado su determinación de seguir adelante con la defensa de sus integrantes y de la institucionalidad del Estado.
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