Peinado es torpe, pero merece un respeto
El juzgado de Instrucción nº 2 de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La resolución, firmada por el magistrado Juan Carlos Peino, se basa en la presunta comisión de varios delitos, entre ellos prevaricación y tráfico de influencias, al haber supuesto un aprovechamiento de su vínculo con el presidente para obtener un ascenso académico y favorecer a la empresa de la que es directora.
En la misma resolución el juez ordenó la retirada del pasaporte de Gómez y la adopción de medidas cautelares, justificándolas en que los agentes de la Policía Nacional que la escoltaban podrían facilitar una posible fuga, ya fuera por iniciativa propia o por presuntas órdenes superiores. Aquellas afirmaciones han generado una fuerte polémica, pues la Fiscalía y la defensa consideran que la argumentación carece de fundamento probatorio.
Reacciones de los partidos y del poder judicial
Los ministros Diana Morant (Ciencia), Óscar Saiz (Transportes) y Óscar Rodríguez (Transformación Digital) han defendido la actuación del magistrado, calificándola de “necesaria” para garantizar la independencia del proceso. Morant acusó al presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, de ejercer presiones en el caso, lo que ha llevado a la oposición a calificar las declaraciones del juez como “prevaricación”. Sin embargo, la normativa obliga a los servidores públicos a denunciar cualquier indicio de delito, lo que, según ellos, no se ha hecho de forma adecuada.
Los sindicatos policiales y la propia Policía Nacional han repudiado las insinuaciones del magistrado respecto a la posible complicidad de sus agentes. En un comunicado, la Asociación de Policías han recordado que los cuerpos de seguridad cumplen su deber bajo riesgo personal y que cualquier medida cautelar debe respetar sus derechos y garantías.
Ante la controversia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha convocado una reunión de urgencia para el próximo lunes, en la que se debatirá la posible apertura de un expediente disciplinario contra el juez Peino. La defensa de Gómez, por su parte, ha presentado una denuncia por presunta vulneración de derechos procesales y ha solicitado la nulidad de las medidas cautelares adoptadas.
En el plano político, el Gobierno ha anunciado una “contraofensiva” comunicacional para defender la actuación de los tribunales y evitar que la polémica se convierta en un instrumento de desestabilización institucional. Portavoces de la Casa del Gobierno han subrayado que el proceso judicial debe seguir su curso sin injerencias y que cualquier acusación de prevaricación contra el magistrado debe ser canalizada por los cauces legales correspondientes.
El proceso judicial sigue en marcha. El tribunal ha solicitado a la Fiscalía la entrega de todos los correos electrónicos de Begoña Gómez desde 2018, así como la posible imputación del rector de la Universidad Complutense y del delegado del Gobierno en la comunidad, aunque hasta la fecha no se ha tomado una decisión definitiva al respecto. La Audiencia Provincial de Madrid mantiene la instrucción del caso mientras se espera la resolución final del juicio oral.
Mientras tanto, otros asuntos judiciales de relevancia continúan su curso, como la sentencia pendiente del Tribunal Supremo sobre el expresidente del Gobierno, José Luis Ábalos, y su asistente Koldo García, y varios procesos en la Audiencia Nacional que mantienen la atención de la opinión pública.
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