El TSJCV cierra definitivamente la puerta a investigar a Mazón por la gestión de la DANA
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado su decisión de no iniciar una investigación contra el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la DANA que se produjo el 29 de octubre de 2024.
En el auto dictado este lunes, el Pleno de la Sala de lo Civil y lo Penal desestimó por unanimidad los recursos de súplica presentados por diversas asociaciones y particulares. La resolución ratifica la decisión adoptada el pasado 16 de marzo, cuando el mismo tribunal decidió no asumir la causa.
Fundamentos de la decisión
Según el escrito al que ha tenido acceso El Independiente, la Sala considera que los recurrentes no aportaron “razones bastantes” que demostraran un error en la valoración jurídica ya realizada. En concreto, no se constató la existencia de una “posición de garante” atribuible a Mazón en la gestión de la emergencia ni indicios suficientes que justificaran la competencia del tribunal para investigar la posible responsabilidad penal.
El TSJCV también rechazó el argumento de que se hubiese vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. Señaló que dicho derecho “no garantiza un resultado concreto”, sino que asegura una resolución motivada, razonable y fundada en derecho. En este caso, el tribunal explicó que la negativa a asumir la investigación está debidamente motivada tanto por la falta de indicios de homicidio imprudente como por la imposibilidad de atribuir responsabilidad penal a una eventual omisión en la actuación del entonces presidente.
Uno de los puntos clave del auto es la inexistencia de una “posición de garante” para Mazón. La Sala recordó que la normativa autonómica no le confería un deber jurídico de actuación en la gestión de la DANA, pese a que el fenómeno causó la muerte de 230 personas en la provincia de Valencia.
Asimismo, se reiteró la ausencia de pruebas sólidas que pudieran demostrar la participación activa de Mazón en decisiones cruciales, como el envío del mensaje de alerta a la población durante la emergencia. Esta línea argumentativa coincide con la adoptada en marzo, cuando el tribunal declaró su falta de competencia para investigar al expresidente.
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