Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez y la envía a juicio con jurado por cuatro delitos
El magistrado Juan Carlos Peño, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha acordado la apertura del juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la misma resolución, el juez ha impuesto la retirada del pasaporte de Gómez, la prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de comparecer cada quince días ante la autoridad judicial.
Implicados y hechos investigados
Según el auto, que ha sido difundido por El Independiente, el magistrado considera que existen indicios suficientes para que Begoña Gómez sea llevada a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Además, ha acordado abrir el proceso contra dos personas más:
- Cristina Álvarez, exasesora de la Presidencia y colaboradora directa de Gómez, por los mismos hechos.
- Juan Carlos Barrabés, empresario, por indicios de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, así como por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato financiado con fondos europeos.
Esta decisión constituye el mayor avance judicial desde que se abrió la causa, hace más de dos años, contra la esposa del presidente. La Fiscalía solicitó el archivo del caso, pero el juez Peño ha rechazado la petición, al considerar que la investigación ha reunido pruebas suficientes para que los hechos sean enjuiciados por un tribunal del jurado.
Fundamentos del auto
El magistrado argumenta que la investigación ha permitido constatar que Gómez “habría aprovechado su proximidad al presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid”. Según el juzgado, esta relación le habría proporcionado una “interlocución singular” con responsables de la universidad, empresas patrocinadoras y entidades tecnológicas.
En concreto, se señala que la posición de Gómez le permitió obtener apoyo, financiación y respaldo institucional y empresarial para la creación y desarrollo de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y de los proyectos vinculados a ella. El juez advierte que la captación de fondos empresariales para la cátedra “no aparece, indiciariamente, como una dinámica ordinaria de patrocinio universitario”, sino como parte de un “circuito de relaciones de apoyo, colaboración y financiación” que habría beneficiado a las compañías involucradas.
El magistrado ha adoptado estas medidas cautelares después de que las acusaciones populares las solicitaran en la audiencia preliminar celebrada el lunes pasado. En su resolución de 84 páginas, Peño reconoce la existencia de “indicios racionales de criminalidad” y remarca que tanto su juzgado como la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid han respaldado la continuidad de las pesquisas a lo largo de la instrucción.
Con la apertura del juicio oral, se abre la posibilidad de que los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación sean juzgados por un tribunal del jurado, mientras que los de corrupción en los negocios y apropiación indebida se considerarán conexos y se tramitarán conjuntamente.
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