Policías exigen una "rectificación" a Peinado por sugerir que podrían colaborar en la fuga de Begoña Gómez
El sindicato de la Policía Nacional, JUPOL, ha exigido una rectificación al magistrado Juan Carlos Peño después de que, en el auto de apertura del juicio oral contra María Begoña Gómez Fernández y Cristina Álvarez, se planteara la posibilidad de que los agentes encargados de la seguridad de la esposa del presidente del Gobierno pudieran colaborar en una eventual fuga para eludir la acción de la justicia.
JUPOL considera que la formulación contenida en la resolución judicial constituye una acusación infundada contra miembros de la Policía Nacional, y en especial contra los agentes asignados a la protección de la Presidencia del Gobierno. La solicitud de rectificación ha sido respaldada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ha emitido un comunicado en el que rechaza rotundamente cualquier insinuación que ponga en duda la profesionalidad, integridad y lealtad institucional de los guardias de protección de altas autoridades.
Respuesta de los sindicatos
Ambas organizaciones sindicales han subrayado que los policías nacionales no actúan al margen de la ley ni están obligados a obedecer órdenes jerárquicas que contravengan la justicia. El SUP ha recordado que su labor se rige por la neutralidad política y la imparcialidad, y que el cuerpo policial constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho frente a afirmaciones genéricas que pretenden erosionar la confianza ciudadana.
Argumentos de JUPOL y SUP
- Los agentes de seguridad de la Presidencia cumplen exclusivamente las funciones que les atribuye la legislación vigente.
- Actúan en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y obediencia a las resoluciones judiciales.
- Las expresiones del magistrado carecen de fundamento y generan una sospecha injustificada sobre funcionarios que desarrollan una labor especialmente sensible dentro del sistema de seguridad del Estado.
El auto de apertura, dictado por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, analiza el riesgo de fuga de las acusadas para justificar medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el tribunal. Al abordar uno de los argumentos de la defensa de Begoña Gómez, el magistrado señaló que el hecho de que la esposa del presidente del Gobierno esté permanentemente acompañada por escoltas policiales no elimina, por sí mismo, el riesgo de fuga.
En la parte controvertida del auto, el magistrado redactó la siguiente frase:
“Se alega, por la parte acusadora, María Begoña Gómez Fernández, que al ser la esposa del actual presidente del Gobierno, ello implica que en todo momento se encuentre acompañada y custodiada por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo que no cabe duda es que esos agentes, en un momento determinado, pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga”.
Esta formulación ha provocado la inmediata reacción de JUPOL y SUP, que han calificado la hipótesis de “una auténtica barbaridad” y han reiterado que los cuerpos policiales no pueden ser señalados como posibles cómplices de una fuga, sea cual sea la circunstancia.
El magistrado también argumentó que la protección policial derivada de la condición de esposa del presidente del Gobierno es “efímera” y “transitoria”, por lo que no puede descartarse el riesgo de fuga únicamente por la existencia de escoltas. La misma valoración se extendió a Cristina Álvarez, por su estrecha vinculación con Gómez.
Cargos y riesgos de fuga
Las acusadas se enfrentan a los siguientes presuntos delitos:
- Tráfico de influencias.
- Corrupción en los negocios.
- Apropiación indebida.
- Malversación de fondos públicos.
Según el magistrado, la gravedad de las penas solicitadas por la acusación popular podría superar los dos años de prisión, lo que justificaría la adopción de medidas cautelares destinadas a evitar una eventual huida.
Por el momento, ni el juzgado ni el Ministerio del Interior han emitido pronunciamiento alguno sobre la petición de rectificación formulada por los sindicatos.
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