El PSOE bajo fuego por el dinero en efectivo de Sánchez

El Partido Socialista se enfrenta a una nueva fase de escrutinio judicial tras la orden del juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, que le obliga a justificar todos los pagos en efectivo realizados a personas vinculadas con la formación entre 2017 y 2024. La instrucción, enmarcada en la investigación del llamado 'caso Koldo', no se limita a los gastos asociados al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, sino que amplía el foco a todos los cargos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios que hayan recibido fondos en metálico, incluyendo al propio secretario general, Pedro Sánchez, y su entorno más cercano.

El juez exige detalle y justificación de todos los pagos en efectivo

Tras una solicitud del PSOE para aclarar el alcance de la primera orden, el juez ha reiterado en un nuevo auto que la instrucción era “suficientemente clara” y abarca cualquier entrega de dinero en efectivo desde la sede central del partido en Ferraz. Además de presentar un listado detallado de los pagos, el partido deberá aportar la documentación justificativa de cada uno de ellos. El magistrado subraya especialmente el origen del dinero en efectivo que circulaba en Ferraz, un punto que considera aún sin esclarecer pese a la entrega previa de movimientos bancarios al Tribunal Supremo.

Según consta en el auto, tras las declaraciones del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y de Celia Rodríguez, trabajadora de la sede nacional, no se logró aclarar de forma suficiente cómo se obtenía el efectivo utilizado para compensar gastos de investigados y otros posibles beneficiarios. El juez considera fundamental reconstruir la cadena de estos fondos, especialmente porque el período analizado coincide con el tiempo en que la Unidad Central Operativa (UCO) sitúa las presuntas comisiones irregulares vinculadas al caso Koldo.

Desconfianza sobre el manejo del efectivo

• El Tribunal Supremo ya expresó dudas sobre la financiación del PSOE, considerando insuficiente justificar el efectivo únicamente con la contabilidad oficial del partido.
• El presidente de Enusa, en calidad de testigo, había argumentado que el dinero en caja provenía de retiradas bancarias, pero esta explicación no disipa las sospechas sobre posibles movimientos en 'B'.
• El juez también ha mostrado extrañeza por el uso de una empresa externa para transportar grandes cantidades de efectivo a Ferraz, una práctica que considera carente de sentido frente al uso de transferencias.

La Fiscalía Anticorrupción ha reforzado estas sospechas con referencias a las declaraciones de Víctor de Aldama y la empresaria Carmen Pano, ambas vinculadas a otras causas de corrupción. De Aldama afirmó haber pagado comisiones a Ábalos y Koldo García, parte de las cuales habrían sido canalizadas al PSOE. Por su parte, Pano aseguró haber entregado 90.000 euros en efectivo en las instalaciones del partido, un hecho que ahora adquiere mayor relevancia en la investigación.

El fiscal Luis Pastor, en un escrito de noviembre, resaltó evidencias de la UCO que apuntan a conductas que podrían configurar delitos como blanqueo de capitales o desvío de fondos internos del partido. Ante este escenario, la nueva orden judicial amplía el radio de control, exigiendo que Ferraz detalle no solo los pagos a los investigados, sino a toda su red de colaboradores.

Protección de la información sensible

Con el fin de evitar filtraciones y proteger la intimidad de las personas afectadas, el juez ha permitido que la documentación sea entregada por el medio que el partido considere más seguro, sin obligación de hacerlo de forma telemática. En función del contenido aportado, se podría acordar la apertura de una pieza separada y secreta dentro de la causa, lo que refleja la sensibilidad del caso y la trascendencia de los datos que podrían revelarse en los próximos días.