La verdad oculta tras la vicepresidencia que nadie quiere admitir

América Latina sigue siendo un terreno fértil para los politólogos institucionalistas, no solo por la frecuencia con la que se modifican las reglas del juego político, sino por la persistente creencia de que los problemas de gobernabilidad se resuelven a través de reformas formales. Desde cambios en los sistemas electorales hasta ajustes en los mecanismos de elección presidencial, los países de la región han apostado repetidamente por rediseñar sus instituciones con la esperanza de mejorar la calidad de la representación. Sin embargo, estos intentos suelen chocar con realidades estructurales más profundas: la debilidad de los partidos políticos, la personalización del poder y la instrumentalización de cargos clave como el de vicepresidente.

El vicepresidente: entre la sucesión y la subordinación

Uno de los cargos más emblemáticos de esta tensión institucional es el de vicepresidente. En teoría, su función principal es asegurar la continuidad del poder, pero en la práctica, se ha convertido en un eslabón conflictivo dentro de los gobiernos presidenciales. El caso más reciente se dio en Bolivia, donde el vicepresidente electo, el capitán Edwin Lara, deslindó públicamente su figura del gobierno a través de redes sociales, sin presentar renuncia formal. Sus declaraciones, cargadas de indignación hacia decisiones presidenciales y la coalición de gobierno, evidenciaron una relación fracturada con el presidente Rodrigo Paz, resultado de una alianza electoral de oportunidad más que de convicción política.

La Constitución boliviana delimita claramente las funciones del vicepresidente: presidir la Asamblea Legislativa Plurinacional, coordinar relaciones entre poderes y gobiernos autónomos, participar en el Consejo de Ministros y colaborar en la orientación general del gobierno. Si bien no contempla la figura del vicepresidente como un actor de oposición interna, las acciones de Lara han generado un vacío institucional sin precedentes: un cargo de alto rango que acumula poder formal mientras se declara ajeno al proyecto ejecutivo. Esta paradoja recuerda la frase del expresidente ecuatoriano José María Velasco Ibarra, quien tildó a uno de sus vicepresidentes de “conspirador a sueldo” —una expresión que adquiere actualidad cuando se ejercen funciones estatales sin alineación política real.

Conflictos en otros escenarios regionales

• En Argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel, pese a su rol constitucional de presidir el Senado, ha sido progresivamente marginada por el presidente Javier Milei. Las diferencias no son solo de agenda —especialmente en temas de memoria histórica, seguridad y defensa—, sino también de estilo: el liderazgo personalista y mediático de Milei deja poco espacio para figuras con aspiraciones autónomas.
• En Ecuador, Daniel Noboa rompió tempranamente con su entonces vicepresidenta, Verónica Abad, tras una alianza electoral instrumental exigida por la paridad de género en las candidaturas. Noboa, amparándose en una cláusula constitucional que permite asignar funciones discrecionales al vicepresidente, la envió en una supuesta “misión diplomática” a Israel y luego a Turquía, con tareas prácticamente imposibles de cumplir. Este encargo terminó siendo utilizado como argumento administrativo para sancionarla por abandono de cargo, una maniobra que muchos calificaron como una aberración jurídica y un claro ejemplo de desalojo político encubierto.
• En Perú, donde el cargo de vicepresidente fue eliminado en 2018, los presidentes del Congreso asumen de facto esa función. Dado el bajo umbral para destituir a un mandatario —por “incapacidad moral permanente” con 87 votos—, estos actores se convierten en actores estratégicos con fuertes incentivos para minar la estabilidad del gobierno y acelerar su salida.

En todos estos casos, un patrón se repite: las parejas presidenciales no se construyen sobre una trayectoria común ni sobre fidelidad partidaria, sino sobre necesidades tácticas de campaña. Esta lógica de alianzas circunstanciales, sumada al debilitamiento progresivo de los partidos como instituciones de formación política, explica muchos de los conflictos que erosionan la gobernabilidad.

¿Reformar las instituciones o repensar la política?

Como señaló el politólogo Giovanni Sartori, antes de reformar las instituciones, es crucial preguntarse qué se quiere cambiar y por qué. Las reformas técnicas —como el balotaje o la creación de cargos de vicepresidencia con funciones ampliadas— no resuelven los problemas si las élites políticas siguen operando bajo lógicas de oportunismo y los partidos dejan de ser espacios de debate y selección de liderazgos. El verdadero desafío no es rediseñar la maquinaria institucional, sino fortalecer los procesos políticos reales que sustentan el sistema: la construcción de alianzas programáticas, la formación de elites con responsabilidad de Estado y la recuperación del partido como actor central.

Si bien no hay una solución inmediata ni una fórmula mágica, está claro que cualquier avance significativo requerirá un proceso de largo aliento, que involucre no solo a los partidos, sino a la sociedad en su conjunto. Las instituciones no funcionan en el vacío: reflejan la calidad de la política que las alimenta. Y mientras esa política siga basada en acuerdos precarios, personalismos y desconfianza, incluso las reformas mejor diseñadas terminarán siendo solo maquillaje sobre una estructura profundamente debilitada.