España vs Marruecos la batalla secreta por el mar que nadie te cuenta

La delimitación de los espacios marítimos entre España y Marruecos presenta escenarios distintos según se trate del Mediterráneo o del océano Atlántico. En el primero, el principal punto de fricción radica en torno a Ceuta y Melilla, cuya soberanía España considera indisputable, mientras Marruecos mantiene su reclamación territorial sobre ambas ciudades. En el Atlántico, el foco se centra en la delimitación de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la plataforma continental entre Canarias y el litoral marroquí, así como en la incógnita sobre los espacios marítimos del Sáhara Occidental, cuyo estatus internacional sigue siendo objeto de controversia legal y diplomática.

Delimitación en el Mediterráneo: tensiones en torno a Ceuta y Melilla

La adhesión de España a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (COVEMAR) en 1997 y su posterior ratificación por Marruecos en 2007 reabrieron un debate de fondo. Al ratificar el tratado, Marruecos declaró formalmente que considera a Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera y el islote de Alhucemas como territorios bajo ocupación española y expresó su intención de recuperarlos para completar su unidad territorial. España replicó afirmando que estos territorios son partes integrales del Estado español, sobre los cuales ejerce plena soberanía, al igual que sobre las aguas que los rodean.

Según el artículo 15 de COVEMAR, cuando las costas de dos Estados están frente a frente, la delimitación del mar territorial debe realizarse mediante una línea media equidistante, salvo acuerdo en contrario. Tanto España como Marruecos han establecido un mar territorial de 12 millas, lo que impide a cada uno extenderse más allá de dicha línea en el Estrecho de Gibraltar. No obstante, Marruecos ha generado tensiones al aplicar unilateralmente líneas de base rectas que incluyen áreas marinas bajo soberanía española, como ocurre en Punta Almina o las islas del Congreso y del Rey, generando protestas diplomáticas de Madrid.

Además, Marruecos ha utilizado estrategias de presión indirecta, como el envío reiterado de migrantes irregulares por vía marítima a Ceuta y Melilla, lo que ha sobrecargado los sistemas de acogida de estas ciudades. Altos cargos marroquíes han dejado claro que la cuestión de Ceuta y Melilla será abordada en el futuro, especialmente tras la consolidación del dominio sobre el Sáhara Occidental, una posición expresada abiertamente por el expresidente del Gobierno marroquí, Saadeddine El Othmani, quien afirmó que estas ciudades son tan marroquíes como el Sáhara.

Delimitación en el Atlántico: Canarias, Marruecos y el Sáhara

Entre Canarias y Marruecos

En el océano Atlántico, no existe solapamiento en el mar territorial entre las islas Canarias y Marruecos debido a la distancia. Sin embargo, sí hay superposición en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la plataforma continental, lo que exige una delimitación clara. España estableció su ZEE mediante la Ley 15/1978, mientras Marruecos hizo lo propio mediante el Decreto 1-81-79. Posteriormente, las leyes 37-17 y 38-17 reafirmaron la extensión de aguas territoriales y la ZEE marroquí, incluyendo el criterio de una solución "equitativa" en la delimitación, que permite considerar factores geográficos, geomorfológicos y otros intereses nacionales.

Este planteamiento choca con la posición española, que defiende el principio de equidistancia, respaldado por el artículo 74 de COVEMAR, que exige una solución equitativa, pero en base al derecho internacional. Marruecos argumenta que no es justo equiparar una pequeña isla a una costa continental extensa, lo que llevaría a una distribución desigual de espacios marítimos. No obstante, esta postura entra en conflicto con el artículo 121 de COVEMAR, que estipula que las islas generan los mismos derechos que las masas de tierra continentales, salvo en el caso de rocas inhabitables.

Entre 2000 y 2007 se celebraron nueve rondas de negociaciones sin llegar a acuerdo, principalmente por la negativa de Marruecos a reconocer los mismos derechos a Canarias que a su propio litoral. De facto, ambas partes han respetado una línea media aproximada entre Gran Tarajal (Fuenteventura) y Cabo Juby (Tarfaya), aunque ni Marruecos ni España la consideran oficialmente acordada. Ambos países han otorgado licencias de exploración petrolera más allá de esta línea, generando protestas mutuas.

Entre Canarias y el Sáhara Occidental

El principal conflicto jurídico se intensifica al abordar la delimitación en torno al Sáhara Occidental. Marruecos, tras anexionarse de facto este territorio, ha incluido sus aguas jurisdiccionales dentro de su ZEE sin reconocer el estatus particular del territorio. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado en varias ocasiones —notablemente en 2016, 2018 y 2020— que el Sáhara Occidental no forma parte del territorio marroquí y que las aguas adyacentes no están bajo soberanía o jurisdicción de Marruecos. A pesar de ello, la Comisión Europea ha mantenido en los acuerdos de pesca con Marruecos la referenciación a estas aguas, lo que se considera una violación de los principios del derecho internacional y del derecho de libre determinación del pueblo saharaui.

La cuestión se complica porque España, como potencia administradora histórica del Sáhara Occidental, sigue siendo jurídicamente responsable de su administración, aunque en la práctica haya dejado de ejercerla. Por eso, no existe un interlocutor legítimo con quien negociar la delimitación marítima. Tampoco Marruecos puede unilaterally fijar los espacios marinos de un territorio sobre el que no ejerce legalmente la soberanía.

En 2014, España presentó ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) una solicitud para extender la plataforma continental de Canarias hasta 350 millas marinas, basándose en criterios científicos geológicos. Marruecos se opuso, aduciendo la afectación a sus derechos, aunque confunde la extensión de la plataforma con la delimitación, que son procesos distintos. La CLPC, según la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia, se limita a recomendar el límite exterior de la plataforma, sin pronunciarse sobre su delimitación con otros Estados.

El monte Tropic: un nuevo punto de tensión

El descubrimiento del montículo submarino conocido como "monte Tropic", situado a 269 millas al sur de El Hierro y cerca del límite con las aguas saharauis, ha añadido un nuevo elemento a la disputa. Este volcán submarino podría contener metales estratégicos y minerales de alto valor. Para que España pueda ejercer jurisdicción sobre él, necesita la aprobación de la CLPC en su solicitud de extensión de la plataforma continental. Marruecos, considerándose afectado, ha propuesto la creación de una Zona de Desarrollo Conjunto, lo que equivaldría a aceptar de facto sus pretensiones sobre el Sáhara Occidental.

Algunos análisis, como el del analista Daniel Abascal, sugieren acuerdos bilaterales entre España y Marruecos para fortalecer sus posiciones ante la CLPC. Sin embargo, proponer el reconocimiento de la "soberanía marroquí sobre el Sáhara" como contrapartida a la soberanía española sobre Canarias ignora el derecho internacional vigente y las resoluciones del TJUE. La subordinación de España a los intereses marroquíes, evidenciada en la carta de apoyo del presidente Sánchez al Plan de Autonomía marroquí en 2022, contradice la promesa histórica de Madrid de que la descolonización del Sáhara concluirá con una consulta genuina al pueblo saharaui.

En este contexto, cualquier negociación sobre espacios marítimos que incluya al Sáhara sin el consentimiento del pueblo saharaui o del Frente Polisario sería ilegítima. Marruecos ha violado reiteradamente el derecho internacional al usurpar competencias sobre aguas saharauis. España, como antigua potencia administradora y Estado respetuoso del derecho internacional en teoría, debería condenar estas acciones. Sin embargo, su postura actual parece priorizar las relaciones diplomáticas con Rabat por encima de los principios jurídicos y éticos, dejando abierta la puerta a decisiones que comprometerían intereses estratégicos a largo plazo.