Sahara 1975 El secreto colonial que España quiere olvidar

Cincuenta años después de la desaparición administrativa del Sáhara Español, España sigue sin enfrentar de manera honesta su pasado colonial. A diferencia de otros países europeos que asumieron compromisos constitucionales en sus procesos de descolonización, como Portugal con Timor-Leste, el Estado español no incluyó en su Constitución de 1978 ningún reconocimiento ni responsabilidad respecto al destino del Sáhara Occidental. Este silencio institucional refleja una negación prolongada de la violencia ejercida durante la colonización, especialmente bajo la dictadura franquista, y una persistente impunidad que afecta aún hoy a las víctimas saharauis.

Un pasado silenciado en la memoria democrática

La Ley de Memoria Democrática de 2022, aunque amplía el marco de reconocimiento a las víctimas del franquismo, omite por completo cualquier mención al colonialismo español en África. No se considera como crimen ni se investigan las desapariciones, torturas y represiones sufridas por el pueblo saharaui durante el periodo en que el territorio era oficialmente una provincia de España. Sin embargo, dado que los saharauis eran ciudadanos españoles hasta febrero de 1976, deberían estar amparados por la ley como víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen franquista. La fiscalía especial creada para estos casos tiene competencia potencial, pero hasta la fecha no se han abierto investigaciones concretas.

Este vacío legal y político contrasta con la responsabilidad activa asumida por otras democracias. En el caso portugués, la Constitución de 1976 incluía un artículo específico comprometido con la descolonización de sus antiguos territorios. En España, en cambio, tanto los gobiernos de la transición como los posteriores han acudido al argumento del consenso y la reconciliación para justificar la marginación de las cuestiones coloniales. Así, el abandono del Sáhara fue presentado como un legado exclusivo del franquismo, desligándolo de responsabilidades posteriores.

Violencia, desapariciones y documentos ocultos

• La represión colonial en el Sáhara incluyó bombardeos a comunidades nómadas en 1957-1958, toques de queda en barrios saharauis, censura y detenciones masivas.
• El levantamiento del Movimiento de Liberación en Zemla en 1970 fue reprimido con brutalidad; su líder, Muhammad Bassiri, desapareció tras ser detenido por las autoridades españolas.
• Muchos documentos oficiales sobre esa época han desaparecido, han sido falsificados o aún permanecen clasificados bajo la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

En 2012, una Proposición no de Ley impulsada por el diputado Joan Tardà buscó esclarecer el caso de Bassiri bajo el amparo de la Ley de Memoria Histórica. No solo fue rechazada por el PP, el PSOE y CiU, sino que los partidos argumentaron falta de datos y "oportunidad política", priorizando las relaciones con Marruecos por encima del deber de memoria. Esta decisión evidenció cómo las instituciones democráticas han excluido a los saharauis del proceso de construcción de una memoria común.

La transición que olvidó al Sáhara

La transición democrática no fue solo un proceso interno: también marcó el abandono final del último territorio colonial español. Pero ese abandono no fue neutro. Los Acuerdos de Madrid de 1975, que repartieron el territorio entre Marruecos y Mauritania sin consultar al pueblo saharaui, fueron impulsados con la complicidad del Estado español y del entonces príncipe Juan Carlos I, cuya estrecha relación con el rey Hassan II de Marruecos ha sido ampliamente documentada. Para muchos analistas, fue el propio Juan Carlos quien facilitó la entrega del territorio, desoyendo tanto los derechos del pueblo saharaui como las resoluciones de la ONU.

El silenciamiento del pasado colonial no solo afecta a la justicia histórica, sino también a la política exterior actual de España. La falta de reconocimiento alimenta una visión paternalista y realista que sigue decidiendo "por" los saharauis, ignorando su lucha por la autodeterminación. Mientras tanto, símbolos del colonialismo, como la Legión española y sus desfiles con uniformes coloniales, siguen presentes en las ceremonias militares sin cuestionamiento alguno.

Queda pendiente, aún, la creación de una comisión de la verdad que esclarezca las violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo colonial en el Sáhara. Tampoco existen espacios conmemorativos en lugares clave como las cárceles de Canarias, donde fueron encarcelados activistas saharauis. Integrar esta historia en la memoria democrática no es solo un acto de justicia: es una necesidad ética y política para avanzar hacia una relación verdaderamente descolonizada entre España y el pueblo saharaui.