Sánchez promete "actuar" si hay "pruebas sólidas" de la autoría marroquí del asalto en Ceuta y revela que se convocó a la embajadora el 21 de agosto

En la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso, se reiteró que ninguna de las notas verbales, informes o alertas recibidas en los días previos a la masiva entrada de más de 70 000 personas por la frontera de Ceuta los 30 y 31 de julio anticipó la magnitud ni la probabilidad del asalto.

El mandatario defendió que el Gobierno no estuvo ausente ni desentendió sus funciones, pero aseguró que los datos disponibles describían únicamente un patrón estacional de incrementos moderados en los cruces, sin prever una avalancha de la envergadura que se produjo. Señaló que los servicios de inteligencia, la Policía Nacional y la agencia europea Frontex emitieron avisos de carácter rutinario y que, aunque se detectó un ligero aumento de entradas en el espigón del Tarajal, no se consideró excepcional.

Posibles responsabilidades y falta de pruebas concluyentes

Sánchez volvió a subrayar que, a día de hoy, no existe evidencia sólida que demuestre la autoría directa del gobierno marroquí en la organización o ejecución del cruce masivo. Aseguró que, de contar con pruebas contundentes, el Ejecutivo actuaría “con total contundencia” y sin temor a enfrentarse a poderes extranjeros. Asimismo, recordó que el Gobierno convocó a la embajadora marroquí en Rabat, Karima Benyaich, el 21 de agosto, tras las “declaraciones inaceptables” de dos ministros del reino sobre Ceuta y Melilla, y que se mantuvo una postura firme pero abierta al diálogo.

El presidente también indicó que el informe policial entregado a la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, señala la participación de gendarmes marroquíes, uniformados y de paisano, en la guía de la entrada masiva, describiéndola como una acción planificada destinada a colapsar la capacidad de respuesta española. No obstante, reiteró que hasta el momento no se han identificado los responsables ni se han probado vínculos con terceros países.

Medidas adoptadas tras la sentencia del Tribunal Supremo

• Incorporación de 70 efectivos adicionales de la Guardia Civil y la Policía.
• Despliegue de una patrulla de alta velocidad y refuerzo de embarcaciones en la costa.
• Instalación de barreras neumáticas de 500 m en el Tarajal y puesta en marcha de drones y helicópteros.
• Ampliación de plazas de acogida y de los recursos sanitarios (más de 100 profesionales adicionales).
• Activación de una barrera física provisional y aceleración de los procedimientos de triaje y devolución.

Durante los primeros días del asalto, la respuesta humanitaria priorizó la protección de la vida; los agentes en la frontera “eligieron defender la vida humana” en lugar de recurrir a la fuerza, evitando una tragedia mayor.

Financiación y plan de refuerzo a largo plazo

• Asignación de 180 millones de euros para reforzar los espigones de Tarajal y Benzú, adquirir nuevas embarcaciones y garantizar presencia permanente de Frontex.
• Ampliación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de 500 a 3 500 plazas, con proyecto de duplicar la capacidad a 6 000 en las próximas semanas.
• Destinación de 309 millones de euros en un plan de choque económico para Ceuta, con 100 millones adicionales previstos en las próximas semanas.
• Solicitud a la Comisión Europea y a Europol de crear una misión específica de monitorización migratoria en Ceuta y de otorgar a ambas ciudades una silla permanente en el Comité Europeo de las Regiones, reconociéndolas como regiones ultraperiféricas.

Sánchez enfatizó que España seguirá cooperando con Marruecos, pero que la interlocución bilateral deberá “ser diferente” para evitar la repetición de hechos semejantes. Asimismo, confirmó que el Rey Felipe VI visitará Ceuta y Melilla en las próximas semanas, reforzando el compromiso del Estado con los enclaves.

El presidente concluyó recordando que Ceuta y Melilla son ciudades españolas “desde hace siglos”, confirmadas por el tratado de Wad‑Ras de 1860, y que el Gobierno no renunciará a su soberanía ni a la defensa del territorio, pese a los retos que plantea la gestión de la migración irregular.