Canarias planea invertir en territorio saharaui bajo control marroquí y desata polémica

Cincuenta años después del fin de la presencia española en el Sáhara Occidental, el Gobierno de Canarias impulsa una misión empresarial a Dajla, ciudad situada en el territorio ocupado por Marruecos desde 1975, a pesar de las advertencias de organismos internacionales y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La iniciativa, programada del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2025, está coordinada por Proexca, entidad pública adscrita a la Presidencia del Ejecutivo canario, junto con la patronal FEDEPORT, y busca facilitar oportunidades comerciales a empresas del sector portuario y marítimo en el marco del megaproyecto del puerto de Dajla Atlantique, valorado en 1.300 millones de euros.

Una agenda económica bajo sospecha legal

El viaje abarca reuniones institucionales con autoridades marroquíes, centros de inversión y empresas locales, además de visitas técnicas a infraestructuras logísticas. Se promocionan oportunidades en servicios portuarios, digitalización, energías renovables, economía azul y economía circular. Sin embargo, esta actividad se desarrolla en un territorio que Naciones Unidas sigue considerando "no autónomo", en proceso pendiente de descolonización, y cuya explotación económica sin consentimiento del pueblo saharaui ha sido declarada ilegal por múltiples sentencias europeas.

El TJUE ha establecido de forma reiterada que Marruecos no ejerce soberanía legítima sobre el Sáhara Occidental y que cualquier acuerdo comercial o pesquero que incluya sus recursos debe contar con la autorización del Frente Polisario, representante reconocido del pueblo saharaui. A pesar de ello, el Gobierno canario financia y organiza el desplazamiento de empresas bajo una rúbrica de "apoyo institucional", que incluye logística, alojamiento y agendas formales con actores marroquíes.

Desde Proexca señalan que la misión responde a "acuerdos marco" con asociaciones empresariales y que no es impulsada directamente por la institución. Sin embargo, su participación decisiva —y su dependencia directa del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria— sitúa a la administración regional en el centro de una acción con evidentes implicaciones políticas.

Contradicciones en el escenario local

• El respaldo explícito de diputados del Partido Popular a la autodeterminación del pueblo saharaui, expresado en un encuentro reciente en Gran Canaria con representantes del Frente Polisario, contrasta con la lógica de la misión económica a Dajla.
• Durante ese acto, celebrado en el Cabildo de Gran Canaria, el diputado Carmelo Barrio afirmó que “el mejor aliado del pueblo saharaui es el Derecho Internacional”, reclamando una rectificación de la política exterior de España desde el viraje de 2022, cuando el gobierno de Pedro Sánchez apoyó la propuesta marroquí de autonomía para el territorio.
• La tensión interna se acentúa también dentro del nacionalismo canario: en octubre de 2024, Clavijo expresó en Rabat su “total” acuerdo con el cambio de postura de España, una declaración que generó controversia al entrar en contradicción con décadas de apoyo canario a los derechos saharauis.

El Frente Polisario y organizaciones internacionales ven estos movimientos empresariales como una forma de normalizar la ocupación y refuerzan su denuncia sobre el expolio de recursos naturales en una región que Marruecos ha convertido, mediante inversión y repoblación, en un eje estratégico del Atlántico africano.

Intereses económicos frente a principios internacionales

La geografía logística del Atlántico ha cambiado significativamente en la última década, con la emergencia de plataformas como Tánger Med y ahora Dajla Atlantique, que amenazan la posición tradicional de Canarias como nudo intermedio entre África, Europa y América. Para sectores empresariales locales, la participación en estos proyectos es vista como una necesidad para no quedarse fuera de la nueva dinámica regional.

No obstante, esta estrategia de acercamiento a Marruecos contradice los principios del Derecho Internacional y genera fricción con movimientos políticos, organizaciones sociales y diplomáticos que consideran inaceptable cualquier acto que legitime la presencia administrativa y económica marroquí en territorio disputado.

Mientras tanto, el silencio del Ministerio de Asuntos Exteriores español, pese a las múltiples preguntas parlamentarias, deja un vacío de liderazgo en un asunto que, medio siglo después del abandono colonial, sigue siendo una herida abierta en la política exterior de España.